La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside Washington Zeballos (BP-CD), aprobó este martes, el proyecto de ley que propone declarar la intangibilidad del área donde se encuentra ubicada la laguna de Huacachina, y al mismo tiempo declarar a ésta como zona de protección del agua, bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de adoptar las acciones necesarias para tal fin.Durante el debate previo algunos congresistas expresaron sus discrepancias en torno a las consecuencias que ESA MEDIDA traería en contra de los pobladores con títulos y construcciones en el lugar el que sea declarada la intangibilidad del lugar. Se llegó a plantear que la propuesta tuviera efectos a partir de la promulgación de la ley, es decir, sin efectos retroactivos.
No obstante, al final el dictamen fue aprobado por mayoría (con una sola abstención).
De igual forma, en este caso por unanimidad, fue aprobado el dictamen que propone modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas 26834, a fin de promover la participación de las comunidades andinas y amazónicas en las instancias rectoras del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).
La propuesta está orientada a garantizar los derechos reconocidos a favor de los pueblos originarios en la Constitución Política, así como en diversos convenios y tratados internacionales.
Una de las modificaciones a la Ley 26834 propone que entre las funciones del SINANPE se señale la de supervisar y monitorear las actividades que se realicen en las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, contando con el concurso de las comunidades campesinas y nativas donde corresponda.
Otra modificación propone incluir en el ente rector de ese organismo a un representante de cada una de esas comunidades.
Previamente, los integrantes de la Comisión escucharon las exposiciones de Alicia Abanto e Iván La Negra, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, con relación a la Ley de Consulta Previa que la Comisión Agraria viene aplicando en el caso del proyecto de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Al respecto, los funcionarios opinaron que se debía aceptar el pedido de las organizaciones como AIDESEP, CONAP, CNA y CCP para que se amplíe los plazos del proceso de consulta, tanto en su etapa informativa como en la de diálogo con las comunidades.
Se trata de establecer, dijeron, un cronograma de consenso para hacer una evaluación suficiente y razonable, antes de iniciar la etapa de diálogo, mediante una metodología apropiada y también en un plazo razonable.
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